El Gobierno del Estado de Yucatán, bajo la administración de Mauricio Vila, ha tomado la decisión de rechazar la participación en el Programa IMSS Bienestar. Esta determinación implica que los residentes de Yucatán que trabajan de manera independiente no podrán acceder a los servicios de salud proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según lo anunciado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante una conferencia matutina, un total de siete estados, incluido Yucatán, han expresado su negativa a unirse a la federalización de la atención médica gratuita para personas sin seguro social.

Para comprender la implicación de esta decisión, es necesario recordar que el gobierno federal propuso la eliminación del programa Seguro Popular en 2019, sustituyéndolo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual, sin embargo, ha enfrentado desafíos, especialmente agravados por la pandemia de COVID-19.

En 2022, como respuesta a estos desafíos, se estableció el Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), una entidad descentralizada de la administración pública federal, con personalidad jurídica y autonomía técnica, operativa y de gestión. Este organismo tenía la misión de proporcionar atención médica a la población sin seguridad social.

Sin embargo, la propuesta de IMSS-Bienestar ha sido rechazada por los gobiernos estatales de Durango, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, y Yucatán, lo que implica que estos estados deberán asumir la responsabilidad de brindar atención a aproximadamente 11.9 millones de personas sin seguridad social.

Ante esta situación, el gobierno federal planea enviar recursos a los estados para que ellos ejecuten un plan que abarque la atención médica, distribución de medicamentos, provisión de equipo médico, personal y gestión administrativa necesaria para atender a esta población vulnerable.